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Boletín de prensa 2 de noviembre de 2011
EL TIEMPO
CORTE CONSTITUCIONAL CONDICIONA REFORMA A LA SALUD
Comisión de Salud del tribunal fijó parámetros para unificar regímenes contributivo y subsidiado.
En un auto, los magistrados hacen un llamado al Gobierno, al Congreso y a la Comisión de Regulación en Salud (CRES) para que en el menor tiempo posible se adopten las medidas necesarias para superar los problemas del sistema de salud.
Los miembros de la Comisión Especial, integrada por los magistrados Mauricio González, Jorge Iván Palacio y Gabriel Eduardo Mendoza consideraron que el gobierno debe hacer un estudio y establecer una lista prioritaria de las enfermedades que hoy más afectan a los colombianos.
Las reformas deben partir de actualización Plan Obligatorio de Salud (POS) y la inclusión del medicamentos, procedimientos y tratamientos médicos para personas con enfermedades catastróficas.
"La falta de claridad sobre los contenidos del POS y su desactualización generan incertidumbre entre la ciudadanía y obstaculizan el goce efectivo del derecho a la salud", advierte la Corte.
Según el fallo, cualquier inclusión o exclusión de medicamentos, procedimientos o tratamientos médicos debe contar con una justificación científica.
En la actualización del POS y de los beneficios al usuario deben participar las instituciones de salud, las organizaciones médicas, las comunidades científicas, los afiliados y los usuarios, además de fijar un plazo para cumplir con las metas, agrega la Corte en su decisión.
UNIFICACIÓN DEL POS PARA MAYORES DE 60 BENEFICIA A 2,3 MILLONES
Para el 2013, todos los colombianos tendrán el mismo Plan Obligatorio de Salud.
Esto, sin distingo de si encuentran en el régimen contributivo o subsidiado.
Así lo anunció el presidente Juan Manuel Santos durante el acto en el que oficializó la unificación de los POS para todos los ciudadanos de 60 o más años.
"A partir de este momento, 2,3 millones de colombianos del régimen subsidiado accederán al mismo Plan de Beneficios de quienes están en el régimen contributivo", afirmó el Jefe de Estado, quien dijo que desde ahora "ningún paciente de 60 o más años será tratado como un paciente de segunda categoría".
Con esta decisión del Gobierno, el 66 por ciento de los colombianos cuenta ya con el mismo plan de beneficios, sin importar su condición social.
El objetivo, explicó Santos, es que esa situación sea una realidad para toda la población. "El próximo año unificaremos el POS de los colombianos entre 18 y 44 años y para el 2013 ingresará el resto de la población -entre los 45 y 59 años-, de manera que habremos cumplido con la unificación universal", afirmó.
A la par de ese proceso, se actualizará el POS. El Presidente dijo que se incluirán "tratamientos vitales para tantos colombianos que hoy no tienen acceso a ellos por falta de plata, o que deben acudir a tutelas para que les reconozcan su legítimo derecho, o que, en el mejor de los casos, tienen que pagar de su propio bolsillo".
La reforma se presentará en diciembre y estará en marcha en enero próximo.
Santos también dijo que hoy se puede hacer "un muy positivo balance en las finanzas del sistema" de salud.
Reveló que, no obstante que hace apenas algunos meses se decía que iba a colapsar, se consiguieron 1,8 billones de pesos que se inyectaron a la salud.
De igual forma, aseguró que la sostenibilidad del sistema está asegurada hasta el 2020, a razón de 2 billones de pesos anuales, de los cuales 1,3 billones saldrán del Presupuesto General de la Nación.
Por otra parte, el Presidente anunció la expedición de un decreto que reglamenta la afiliación de las madres comunitarias del ICBF al Sistema de Riesgos Profesionales, en calidad de trabajadoras independientes.
"Lo que ese decreto significa es que ellas estarán protegidas sin ver reducidos sus ingresos, porque el costo que implica esa cotización se carga al Instituto de Bienestar Familiar", dijo Santos.
A mí también me cubre: Santos
En el acto en el que fue oficializada la unificación del POS, el Presidente estuvo acompañado por decenas de adultos mayores.
Por eso contó una anécdota ocurrida durante la preparación del evento: "Uno de mis asesores entró a mi despacho y me informó que ya estaba todo listo para el acto de unificación del POS para los viejitos", dijo el mandatario.
Y agregó: "Me quedé mirándolo y le dije: ¿los viejitos?, ¿quiénes? Y él me contestó: 'Los viejitos. De 60 años en adelante'". "¿Y es que me ve muy viejito?'", le replicó Santos.
"Por supuesto, mi asesor palideció y no supo qué responder, porque no se acordaba de que yo había cumplido 60 en agosto ¡Así que a mí también me cobija la unificación!", agregó Santos en medio de las risas de los asistentes.
GOBIERNO PROPONE MODIFICAR DOBLE INSTANCIA PARA JUZGAR A CONGRESISTAS
El Ministro de Justicia afirmó que las dos etapas procesales ya no estarían en la Corte Suprema.
Ante las críticas que han surgido desde el Congreso por la forma en que se aprobó la doble instancia en la reforma de la Justicia, el Gobierno propuso este miércoles que ese proceso se modifique para que la primera etapa la tenga el Tribunal Superior de Bogotá y la segunda sea ante la Corte Suprema de Justicia.
El proyecto de reforma del Justicia establece que las dos etapas procesales estarán en la Corte Suprema de Justicia: la primera la manejaría una sala nueva de jueves que se crearía al interior de la Corte, y la segunda estaría acargo de la Sala Penal del alto tribunal.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo ante la plenaria del Senado que “ese juzgamiento tendría lugar, en primera instancia, en sede del Tribunal Superior de Bogotá, y la segunda sí estaría en sede de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.
La intención del Gobierno es desempantanar el trámite de la reforma de la Justicia, que aún genera división entre los partidos políticos, no solo por la doble instancia sino también por el futuro del fortalecimiento del fuero militar, entre otros aspectos.
ESTADO ENFRENTA PROCESOS ANTE INSTANCIAS JUDICIALES POR 1.028 BILLONES
El presidente colombiano lanzó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Así lo anunció el presidente Santos al lanzar la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Este organismo asumirá la defensa del Estado colombiano ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia de la Haya.
En 11 años, el Estado ha pagado 3,6 billones de pesos por demandas contra la nación y enfrenta más de 260 mil procesos ante los estrados, por un monto cercano a los 1.028 billones de pesos, según cifras divulgadas por el Ministerio de Justicia.
Preocupa que en menos del 2 por ciento de las condenas, las entidades hayan aplicado la acción de repetición contra los funcionarios responsables de hechos que terminaron en condenas.
Uno de los casos con reclamos más grandes es un proceso que enfrenta el Ministerio de Agricultura. El proceso, en el que los demandantes reclaman 594 billones, está en segunda instancia ante el Consejo de Estado.
El Ministerio de Justicia explicó que la agencia "no acogerá la totalidad de los casos adelantados en contra de las 228 entidades que conforman el orden Nacional, sino que escogerá casos de mayor importancia y que requieren por tanto de atención específica".
Pero tendrá y hará control a los casos que se adelanten ante organismos y tribunales internacionales, como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia de la Haya y los tribunales internacionales de inversión conformados bajo los auspicios del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, CIADI.
"Buscamos unificar las políticas de defensa e información y, en determinadas ocasiones, ejecutar y coordinar la defensa del Estado (...) mejorando el desempeño en los estrados judiciales", explicó
El mandatario afirmó que esa disposición se justifica en virtud de casos recientes de falsas víctimas por las cuales se condenó a Colombia por parte de la CIDH.
A juicio de Santos, si esta Agencia "es eficaz", el ahorro de dinero para el Estado "nos puede significar muchos más recursos para la salud, la vivienda y muchas más necesidades que tienen hoy los colombianos".
La Agencia no va a reemplazar los departamentos jurídicos de las 228 entidades del orden nacional, aclaró el mandatario, sino que asumirá los "casos de mayor importancia y que requieren atencion específica".
LAS DEMANDAS TEMERARIAS CONTRA EL ESTADO
Por: Sandra Morelli
La defensa judicial técnica, aunada a otras medidas, contribuirá a contener per se la prolija litigiosidad y a traducir las condenas en ingresos.
Se cierne sobre las finanzas públicas un fantasma de dimensiones preocupantes: el de las condenas contra el Estado por responsabilidad contractual y extracontractual. Ese fantasma ni pesa ni mide lo que algunas cifras oficiales han informado, empezando por la propia Contraloría. Primero, porque una mera pretensión no se transforma en derecho adquirido, por lo que el Estado no va a ser indefectiblemente condenado a lo que se dice. En la actualidad, hay al menos dos procesos, donde se ventilan cifras millonarias que, tanto por las decisiones que ya se han adoptado, como por los antecedentes jurisprudenciales, bien podrían salir de esta insigne lista.
Tampoco es condena al Estado pagar una pensión por parte de la entidad pública. Sin embargo, el funcionario de la administración rechaza un derecho claro, cierto y exigible, poniendo en movimiento no solo las mafias que corren tras sujetos necesitados a comprarles el pleito, sino la propia administración de justicia, que al ser gratuita, supone una carga para el presupuesto de la rama. A ello hay que agregarle intereses moratorios y reajustes.
Finalmente, la administración es condenada a pagar lo que desde el primer día se sabía debía. Esos casos no deben considerarse contingencias a cargo de la Nación, pues se trata de la exigencia a quien administra un recurso parafiscal. Lo que sí constituye una contingencia es el monto de los intereses y los reajustes, que si no fuera por la negligencia de los funcionarios o por una directiva irrazonable, no tendría que pesar sobre las finanzas públicas. Esta cifra, más el costo que para el poder judicial significa el trámite de procesos en tales circunstancias, empezará a ser considerada detrimento patrimonial imputable a los funcionarios responsables del no reconocimiento de los derechos adquiridos. Las futuras advertencias darán un compás de espera para que se adopten correctivos, pero luego los procesos de responsabilidad fiscal deberán realizarse.
En buena hora se inaugurará una gerencia de la defensa judicial, asignada al Ministerio de Justicia. Esta solución orgánica ha de acompañarse de otras medidas complementarias.
En primer lugar, se deben excluir del principio de gratuidad de la justicia procesos que no tengan relación directa y exclusiva con la protección de derechos constitucionales fundamentales, aquellos concernientes a los derechos de los padres o los menores, como la patria potestad, la custodia, etcétera; las denuncias penales de conductas contra el patrimonio económico que superen una determinada cuantía, entre otras.
Se debe hacer una minuciosa exclusión de casos en los que la gratuidad procede, en tanto que se debe fijar una tasa para remunerar el servicio público de la justicia. Ello supone que el arancel hoy en día establecido desaparezca, pues no tuvo el impacto esperado.
La tasa deberá imponerse de acuerdo con cuantificación objetiva del costo de este servicio público y ello, seguramente, llevará a incrementar los ingresos del sector judicial y fortalecer la autonomía de la rama, a desestimular demandas temerarias o con baja probabilidad de éxito.
Asimismo, se imponen reglas sobre la manera de cómo liquidar las condenas al Estado, se tasan los intereses, teniendo en cuenta el momento a partir del cual se pueden iniciar o contabilizar intereses moratorios, su acumulación o no con los ordinarios, topes, etc. Se impone también gravar la cuantía de la condena imputable a lucro cesante, con los impuestos que ordinariamente se hubieran pagado por los respectivos arriendos o por retención en la fuente, en el caso de salarios.
Así las cosas, la defensa judicial técnica, aunada a las medidas arriba indicadas, contribuirá no solo a contener per se la prolija litigiosidad, sino a traducir las condenas en ingresos, que, como cualquier otro, supone gastos, rentabilidad racional y carga impositiva.
EL ESPECTADOR
CORTE CONSTITUCIONAL FIJA PARÁMETROS PARA LA REFORMA A LA SALUD
El alto tribunal consideró que se debe actualizar las enfermedades que afectan a los colombianos por regiones.
Un fuerte llamado le hizo la Corte Constitucional al Gobierno, al Congreso y la Comisión de Regulación en Salud (Cres) con el fin de establecer medidas para realizar una adecuada reforma a la salud.
Para el alto tribunal, es necesario hacer una actualización completa con las enfermedades que hoy día afectan a la población colombiana por regiones, sexo y edad.
Igualmente se manifiesta que se deben incorporar los medicamentos, procedimientos y tratamientos que no están dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS).
“La falta de claridad sobre los contenidos del POS y su desactualización generan incertidumbre entre la ciudadanía y obstaculizan el goce efectivo del derecho a la salud”, precisa el comunicado de la Corte enviado al Ejecutivo y Legislativo.
Con el fin de evitar los llamados carruseles de la salud y los recobros injustificados, se señala que la exclusión o inclusión de tratamientos, procedimientos o medicamentos al POS deberán tener una justificación científica por parte del Gobierno Nacional.
Otra de las medidas que se deben adoptar para el desarrollo de una reforma a la salud, es que las instituciones de salud, comunidades científicas, organizaciones médicas, usuarios y afiliados deben ser participes en las actualizaciones del plan de beneficios.
PROPONEN QUE INVESTIGACIÓN DE CONGRESISTAS YA NO LA HAGA DIRECTAMENTE LA CORTE
Dentro de la reforma a la justicia se contempla que ese proceso lo surta un grupo de magistrados ad hoc distintos a los de la sala penal de ese tribunal.
La propuesta del Gobierno, según el ministro Esguerra, abre la doble instancia para el juzgamiento de aforados y separa la investigación del mismo juzgamiento.
El Gobierno Nacional propuso que la investigación de los congresistas ya no siga directamente en manos de la Corte Suprema de Justicia y se separe la etapa de juzgamiento de la etapa de instrucción de los procesos.
En desarrollo de la discusión de la reforma a la justicia, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, consideró prudente que la instrucción e investigación de los aforados, entre ellos los congresistas, tenga lugar por parte de unos magistrados ad hoc, escogidos por la Corte Suprema de Justicia pero que no sean propiamente de ese tribunal. "Ellos se encargarían sólo de la etapa inicial de investigación", explicó.
Doble instancia en juzgamiento
De otro lado, Esguerra se mostró partidario de abrir la doble instancia para el juzgamiento de los congresistas.
El ministro señaló que el juzgamiento debe tener lugar en dos instancias y no en una sola, como está actualmente. Por eso, la propuesta es hacerlo bajo el sistema penal acusatorio.
"Vivimos tiempos de sistema acusatorio en el mundo, los tiempos del sistema inquisitivo en materia penal -que era propios de lo que los franceses llaman el antiguo régimen- han pasado ya", aseguró.
La iniciativa del Gobiero establece que la primera instancia sea el Tribunal Superior de Bogotá y la segunda instancia sea la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el Gobierno no se cerró a ninguna idea y se mostró partidario de abrir el debate.
SE DILATA DISCUSIÓN DE LA REFORMA A LA JUSTICIA
Desde La U han advertido que el proyecto se hundiría en caso de votarse este martes en la plenaria del Senado.
Pese a que la intención del Gobierno Nacional es aprobar este martes el proyecto de reforma a la justicia, todo indica que la decisión de la plenaria del Senado se aplazará.
Algunos senadores han advertido que no todos los temas que toca el acto legislativo son claros, lo cual, provocaría hasta el hundimiento del proyecto.
El presidente de La U, Juan Lozano Ramírez, dijo que su colectividad "tiene varias preocupaciones" frente a la reforma. "Creemos que sería un error llegar a pupitrear la reforma y debemos garantizar que esa iniciativa que se apruebe salga bien porque el Congreso no puede aprobar sin reflexionar sobre el sentido de cada una de las instituciones que toca el proyecto", aseguró.
Según él, la iniciativa debe servir para que los colombianos del común tenga acceso a la administración de justicia con el fin de que sus derechos "puedan ser efectivamente protegidos". Y explicó. "Correr en la aprobación no sirve y debemos buscar que lo que se apruebe le sirva a los colombianos".
A su turno, el senador Armano Benedetti dijo que "no hay una posición única dentro de La U y como están las cosas hoy la reforma a la justicia estaría hundida".
"El proyecto no ataca realmente lo que llevó a colapsar la justicia y hay mucha gente que piensa así; además, no hay garantías para los jueces y no hay independencia presupuestal", señaló. A esta hora avanza la discusión en la plenaria del Senado.
REVISTA SEMANA
CONSEJO DE ESTADO INSISTE EN PEDIR EL 5% DEL PRESUPUESTO NACIONAL PARA LA RAMA JUDICIAL
Mauricio Fajardo, presidente del Consejo de Estado, revivió en el Senado el pulso con el gobierno por el presupuesto de la rama judicial.
La propuesta fue respaldada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, quienes reiteran que el problema de ineficiencia de la justicia pasa por el tema presupuestal.
Cuando parecía que la discusión sobre el presupuesto de la rama judicial había quedado subsanada en el primer debate de la reforma a la justicia, el presidente del Consejo de Estado, magistrado Mauricio Fajardo, pidió a la plenaria del Senado aprobar mayores recursos para mejorar el desempeño de los jueces del país.
Fajardo insistió en que, por rango constitucional, a la rama judicial se le debe garantizar, anualmente, el 5% del presupuesto nacional.
Una propuesta que fue acompañada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Camilo Tarquino, al señalar que si se garantiza ese presupuesto Colombia, hace rato, “ya tendría una pronta y eficaz justicia”.
La propuesta busca que al poder judicial le sea asignado 8,8 billones de pesos anuales. El actual presupuesto para la justicia no supera los 2,4 billones de pesos.
Según lo aprobado en primer debate, la Constitución establecería que anualmente a la rama se le designaría el 2,5 % del presupuesto nacional, y se crearía un fondo de un billón de pesos para ser distribuido anualmente.
Las altas Cortes, pese a haber llegado a ese acuerdo en primer debate, señalan que lo aprobado no alcanzaría ni siquiera para subsanar el déficit histórico que, según el magistrado Mauricio Fajardo, acarrea la rama judicial.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha insistido que los problemas de congestión y eficacia de la justicia no sólo pasan por el presupuesto. Las altas cortes insisten en que sí.
El senador Luis Carlos Avellaneda (Polo), quien radicó una ponencia alternativa, propuso que para superar el problema de la congestión judicial se fortalezca el presupuesto de la rama. Que la Constitución garantice el 2,5% del presupuesto pero que además se destinen 200.000 millones de pesos anuales exclusivamente para programas de descongestión judicial.
La propuesta del gobierno es garantizar el 2,5% del presupuesto, e incrmentarlo con el índice de inflación. A las altas cortes les parece insuficiente la propuesta.
Este miércoles la plenaria del Senado deberá resolver este nuevo pulso entre el poder Ejecutivo y el Judicial, en la votación del segundo debate de la reforma a la justicia.
CMI
CORTE CONSTITUCIONAL FIJA LINEAMIENTOS PARA ACTUALIZACIÓN DEL POS
La Corte Constitucional fijó los parámetros que el Gobierno y la Comisión de Regulación en Salud (CRES) deben seguir para reformar el Sistema de Salud y unificar los regímenes contributivo y subsidiado.
El alto Tribunal señaló que cualquier reforma que se haga debe incluir una actualización de las enfermedades que hoy afectan a los colombianos.
También se deben incorporar los medicamentos, procedimientos y tratamientos médicos que no incluye el Plan Obligatorio de Salud (POS), sobre todo para personas con enfermedades catastróficas.
En concepto de la Corte, "la falta de claridad sobre los contenidos del POS y su desactualización generan incertidumbre entre la ciudadanía y obstaculizan el goce efectivo del derecho a la salud".
La Corporación también advierte que cualquier inclusión o exclusión de medicamentos, procedimientos o tratamientos médicos, debe contar con una justificación científica por parte del Gobierno.
Otro de los lineamientos que se establecen es que en la actualización del plan de beneficios deben participar las instituciones de salud, las organizaciones médicas, las comunidades científicas, los afiliados y los usuarios, además de fijar un plazo para cumplir con las metas.
Finalmente la Corte Constitucional le hace un llamado al Gobierno, al Congreso y a la CRES, para que en el menor tiempo posible se adopten las medidas necesarias para superar los problemas del Sistema de Salud.